09 / Abril / 2024
Las universidades públicas argentinas están bajo asedio desde la asunción del actual gobierno nacional en diciembre de 2023.
Como en otros campos, las iniciativas que se están llevando adelante tienen un carácter refundacional con iniciativas antiestatistas: impugnaciones al derecho a la educación, descalificación de temas y áreas de la investigación científica, difusión de discursos dogmáticos y descontextualizados sobre diferentes realidades sociales, todo lo cual se combina con una ideología “meritocrática” que oculta la desigual distribución de las oportunidades de las personas.
Entre las manifestaciones más acabadas del fenómeno descripto anteriormente encontramos:
- Desjerarquización de la educación: el sector educativo perdió su rango ministerial para transformarse en secretaría, lo que implica pérdida de autonomía y reducción de capacidades. Su degradación tiene implicancias centrales a partir de la pérdida de protagonismo en la agenda de gobierno. Esto se traduce en el debilitamiento de su influencia, en menor presupuesto y en la disminución de la autoridad del responsable del área en su rol de rectoría frente a gobernadores y ministros provinciales. Es una pérdida de especificidad en la conducción de un área estratégica que va a afectar a la consecución y realización de este derecho.
- Concepción de la educación en términos de costos: se pretende avanzar en la mercantilización educativa y se produce la retracción de los procesos de inversión. A su vez, hay un discurso que degrada la trascendencia educativa. No se la concibe como una inversión y mucho menos como un derecho humano. Ante ello preocupan especialmente las iniciativas que pretenden reemplazar la gratuidad universitaria, establecer aranceles y equiparar las subvenciones entre los establecimientos de gestión privada y pública.
- Asfixia presupuestaria: atenta directamente contra la docencia, la investigación y la extensión, misiones que definen a la Universidad Pública Argentina. La falta de fondos y la prórroga del presupuesto del ejercicio 2023 generan un estado de extrema preocupación en todas las universidades nacionales. A su vez, la caída del salario real de los/as trabajadores/as universitarios, sin el funcionamiento de las paritarias y aumentos discrecionales por debajo de la inflación, atenta contra la calidad educativa.
- Deslegitimación de la actividad científica en general y de las ciencias sociales y humanas en particular: no se valora la inversión en ciencia y a la tecnología estatal como decisión estratégica para el desarrollo y bienestar social, se promueve la mayor presencia de corporaciones como actores centrales en la toma de decisiones sobre la investigación científica y la transferencia de conocimientos. Se instala la sospecha sobre nuestros campos de conocimiento a los que se denuncia como los responsables de inculcar ideas de izquierda o adoctrinamiento, como las asociadas a la enseñanza de los derechos humanos, las perspectivas teóricas críticas y la educación sexual integral, entre otras. La habilitación de un canal de denuncias en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas Universitarias es una decisión que resulta lesiva de la libertad de opinión y que viola la autonomía universitaria.
El gobierno actual destruye, abandona o desfinancia actividades centrales del Estado para que avance la lógica de mercado en áreas sensibles de nuestra vida social. La embestida no se da solo contra la educación. La actual política amenaza ámbitos que han sido valiosos recursos y que han permitido garantizar derechos a la sociedad argentina. El cierre de las instituciones de cultura, la desatención de la salud, la entrega del desarrollo soberano y el abandono de la población más vulnerable evidencian que nada está a salvo.
Ante esta semejante agresión, la comunidad de Facultad de Ciencias Sociales se mantiene alerta, abierta y movilizada para sumar esfuerzos y confrontar con un proyecto que suma angustia y desesperanza a nuestra población.